La intervención del estado en la economía 

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En la actualidad, el sistema de libre mercado está adoptado en la mayoría de las naciones. En España y en la Unión Europea el libre mercado es el sistema que establecen la Constitución y los Tratados, que reconocen derechos de los ciudadanos como la propiedad privada y la libre competencia. Sin embargo, debido a los fallos del libre mercado, los poderes públicos intervienen en la economía, lo que supone, en muchos casos, limitar los derechos y libertades individuales. Por tanto, ni en España, ni en la Unión Europea, ni prácticamente en ninguna nación, existe una economía de libre mercado en la que el Estado no intervenga en absoluto. Todas las economías reales son economías mixtas, en mayor o menor grado.

Nuestra Constitución establece claramente un modelo de economía mixta:

• Proclama todos los derechos individuales propios de los estados liberales. Así, por ejemplo, el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia, y el artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
• Pero también dota al estado de una serie de poderes e instituciones para garantizar la equidad de nuestra sociedad. De esta forma el artículo 131, por ejemplo, reconoce el derecho del estado a planificar, mediante ley, la actividad económica.

Objetivos de la intervención del estado en la economía

El estado suele perseguir unos fines cuando interviene en la economía: 

• Proteger los derechos y libertades de las personas, tanto en el exterior (defensa nacional a cargo de las Fuerzas Armadas) como en el interior (a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, autonómicos y locales).
• Producir bienes y servicios de interés público, necesarios para el bienestar social y el equilibrio económico. Son bienes necesarios, pero que la iniciativa privada no es capaz de cubrir de forma eficiente y equitativa. Cabe destacar la sanidad, la educación y las obras públicas. Estos bienes y servicios (hospitales, centros de enseñanza, carreteras, pantanos...) los puede producir el Estado, o bien contratar su producción con empresas privadas, frecuentemente a través de conciertos .
• Ofrecer ayudas y subvenciones, que tratan de evitar situaciones de necesidad en los ciudadanos (subsidios de desempleo, jubilaciones, invalidez, etcétera).
• Establecer normas que garanticen la estabilidad del sistema. Se trata de establecer normas para evitar situaciones indeseadas (normas de protección a los consumidores, sanitarias, de defensa de la competencia, etcétera).
• Adoptar una política económica determinada para obtener determinados fines: de esta forma el estado pretende garantizar el pleno empleo, la estabilidad en los precios, o la fortaleza de nuestro comercio con el exterior. Todo ello se pretende lograr implantando una serie de medidas entre las que hay que subrayar las fiscales (relativas a los impuestos y otros tributos) y monetarias (que actúan sobre el dinero que hay en la economía).